El diputado del PRI también pide se sancione de manera más severa a quien compre el producto derivado de hurtos en planteles educativos

Con el fin de que se castigue de manera más severa el robo a escuelas, así como a quienes compren el producto de dicho delito, el diputado David Palafox Celaya presentó este miércoles una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal en el Estado de Sonora que sancionan actualmente dicha infracción.

El legislador señaló que aparte del problema social que representa, este delito genera un perjuicio económico para el Estado, puesto que tiene que reparar y reponer los objetos robados, ya que dichos recursos podrían ser aprovechados en la formación del estudiante.

Palafox Celaya añadió que este tipo de ilícitos genera, en la mayoría de las ocasiones, un retraso en los programas educativos que el alumno tiene que cumplir para un mejor aprovechamiento académico.

“Es lamentable que las escuelas, lugares de gran trascendencia para los alumnos, maestros y la comunidad en general, sean objeto de robos, ya sea de material educativo, equipo de cómputo, tecnología de medios y muebles destinados a la adecuación climática de aulas, que son indispensables para el proceso de enseñanza”, señaló Palafox Celaya.

Mencionó que si bien en el artículo 308 BIS-C del Código Penal para el Estado de Sonora, se contempla una sanción de cinco a quince años para el delito de robo en los planteles educativos, esta no ha sido suficiente para inhibirla y, por lo contrario, aumenta con la consecuente afectación a la educación de los niños y jóvenes sonorenses.

Palafox Celaya apuntó que tan importante como endurecer las penas para quienes roben en planteles escolares, es también castigar de manera más severa a quienes les compren los objetos robados, pues quien lo hace anima al ladrón a seguir cometiendo delito que encuentra una forma fácil y rápida de obtener ganancias.

“Por esa razón considero necesario establecer de manera específica una pena para aquellas personas que adquieran bienes muebles destinados a los planteles educativos e instituciones de educación básica, media superior o superior, que se pretende proteger mediante el mencionado artículo 308 BIS-C”, comentó.

El objeto de esta iniciativa, precisó, es contribuir al pleno ejercicio del derecho a la educación, pues es preocupante la gravedad de la afectación que sufren los planteles al ser objeto de robos, lo que además menoscaba los esfuerzos del Estado por proveer las herramientas y espacios necesarios para los alumnos.

“Además, envía un claro mensaje de que en Sonora no se tolera la afectación del derecho a la educación y a la seguridad de los espacios y centros educativos”, puntualizó el diputado Palafox Celaya.

Cómo quedarían

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal del estado de Sonora. Artículo único.- Se reforman los artículos 308 BIS-B y 308 BIS-C, del Código Penal del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 308 BIS-B.- Se sancionará con prisión de un mes a nueve años y de uno hasta doscientos cincuenta días multa, al que sin tomar las medidas indispensables para cerciorarse de su procedencia legítima, compre, venda o comercialice materiales reciclables robados, o bienes muebles destinados a los planteles educativos e instituciones de educación básica, media superior o superior, a que se refiere el artículo 308 BIS-C.

ARTÍCULO 308 BIS-C.- Se sancionará con prisión de diez a veinte años, a quien se apodere de bienes muebles destinados a los planteles educativos e instituciones de educación básica, media superior, superior, tales como infraestructura hidráulica y eléctrica, equipos de cómputo, equipos de aire acondicionado, sistemas de vigilancia, equipos de sonido, aparatos reproductores de imágenes, pantallas digitales o de televisión, sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley; asimismo, los que por sus características físicas o sus componentes, formen parte de la infraestructura física de dichos lugares y aquellos cuyo valor individual o, en conjunto, al momento de la comisión del delito, exceda los cien días de salario mínimo diario vigente en la capital del Estado.

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