Rinden protesta los integrantes de la Comisión de Selección

Rinden protesta los integrantes de la Comisión de Selección

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Los nueve integrantes de la Comisión de Selección, que tendrá la responsabilidad de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, rindieron protesta este día ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado.

La diputada Ana Luisa Valdés Avilés, en calidad de presidenta de la mesa directiva, tomó protesta a los ciudadanos Marco Antonio Andrade Aguirre, Álvaro Bracamonte Sierra, Leticia Cuesta Madrigal, Karina Gastélum Félix, Adolfo Jorge Harispuru Bórquez, Teresita Lanz Woolfolk, Luz Mercedes León Ruiz, Guillermo Alejandro Noriega Esparza y Javier José Vales García.

Los nueve integrantes fueron seleccionados por las comisiones Anticorrupción y de Fiscalización, de entre 25 ciudadanos que participaron en el proceso, mismos que fueron entrevistados del 29 al 31 de mayo, y el pasado 8 de junio, en sesión extraordinaria, el Pleno votó a favor de su designación. Estos ciudadanos fueron propuestos por organismos de la sociedad civil e instituciones académicas y de educación superior.

La Comisión de Selección cumple así con el requisito establecido en la convocatoria, al haber sido propuestas cinco personas por instituciones académicas o universidades, y cuatro por organismos de la sociedad civil, además de que prevalece el criterio de equidad y género, y se le da representación regional al ser propuestas del Norte, Centro y Sur de la entidad.

Aprueban acuerdos y turnan iniciativas

Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente se aprobaron dos acuerdos con exhortos y fueron turnadas tres iniciativas a comisiones de dictamen legislativo.

La diputada Ana Luisa Valdés Avilés presentó una iniciativa que resuelve exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación y Cultura, del Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos y al Delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, para que en el marco de la conmemoración del 97 aniversario de la Cruzada Educativa de José Vasconcelos, se lleven a cabo campañas para combatir el analfabetismo y el rezago educativo en adultos.

Recordó que el 20 de junio de 1920, José Vasconcelos impulsó la primera campaña contra el analfabetismo, la cual fue apoyada con gran entusiasmo por los maestros, misma que continuó hasta su salida de la Secretaría de Educación en 1924.

“Llevó a cabo una verdadera cruzada nacional a favor de la educación popular. Hizo todo lo posible para impulsar la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana; creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo, que convirtió en centros educativos básicos”, aseveró Valdés Avilés.

Su proyecto educativo pretendió producir un mexicano con una visión nueva, dijo, que tuviera como fundamento la esencia de la patria, que conociera raíces hispánicas e indígenas, y que a partir de esta toma de conciencia expresara todo lo humano en constantes maneras de superación.

Enseguida correspondió al diputado Moisés Gómez Reyna presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción I del Artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, con el fin de reformar el monto de la cuantía de los jueces locales de 20 veces el salario mínimo general, vigente en la ciudad de Hermosillo, a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Expuso que el contenido de este dispositivo no se encuentra adecuado a la realidad socio-económica del Estado, ya que resulta muy por debajo de las necesidades de la sociedad, y nunca ha sido aumentada desde su entrada en vigor en el año de 1996, por lo que resulta de suma importancia adecuar esta legislación a los tiempos actuales.

Si se parte de la base de que, mediante resolución emitida por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de diciembre de 2016, vigente a partir del 1 de enero de 2017, en la que se establece que el salario mínimo para todo el territorio nacional es de 80.04 pesos, los juzgados locales sólo pueden conocer de casos cuyo monto no exceda de mil 600 pesos con 80 centavos, agregó.

El diputado Gómez Reyna sostuvo que lo anterior resulta muy por debajo del monto de lo que en la actualidad la sociedad en general, los usuarios del Poder Judicial y sus mismos funcionarios requieren. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

De acuerdo al orden del día aprobado, el siguiente punto fue la presentación de una iniciativa con punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, para que auxilie al municipio de Ímuris con apoyo técnico para darle solución de fondo al problema de incendios que se originan en su basurón municipal, dio a conocer la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas.

Indicó que el pasado 25 de abril se registró un incendió en dicho basurón, el cual no es el primero, además de que el Municipio no cuenta con la suficiencia presupuestaria para construir un relleno sanitario y el basurero a cielo abierto con que se cuenta, representa un problema ambiental y de salud para las personas que habitan cerca del lugar, ya que generan fauna nociva por la acumulación, sin tratamiento de desechos orgánicos e inorgánicos.

“En cambio, el relleno sanitario, al ser un método que tiene como finalidad darle un destino final a la basura, a efecto de que no haya impactos negativos y significativos al medio ambiente, no amenaza la salud pública y también es menos susceptible de que origine un incendio, como es el caso del basurón”, expresó la diputada Hernández Barajas.

Posteriormente tocó el turno de presentar su iniciativa a la diputada Lisette López Godínez, la cual está dirigida al Congreso de la Unión para que analice incluir en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la figura de control de confianza para las procuradurías de protección a las que se hace alusión en dicho ordenamiento.

Informó que con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, contemplado en el Artículo 125, fracción XVIII de la Ley en la materia y 9 de su reglamento, se habilitaron los mecanismos necesarios para agrupar las acciones de gobierno en forma coordinada.

El nuevo ordenamiento también contempla en la creación de dicho sistema, la implementación o creación de procuradurías de protección, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, y destaca su participación en la supervisión de los procesos de adopción y en la generación de los certificados de idoneidad para las familias que decidan realizar las valoraciones respectivas.

“Aunque algunos consideren que estas pruebas pueden ser demasiado para quienes se encargan de ejecutar políticas públicas de protección al menor, quienes nos manifestamos a favor de la medida lo hacemos con la intención de garantizar que el funcionario que llegue, sea totalmente intachable en su actuar”, expresó. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Y a la Comisión de Asuntos del Trabajo envió la Presidencia la iniciativa presentada por la diputada Sandra Mercedes Hernández Barajas, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil, con el objeto de otorgar el derecho a la estabilidad laboral a las mujeres trabajadoras embarazadas o en lactancia, así como a los hombres con parejas embarazadas que trabajen para el Estado.

De la revisión efectuada a la legislación laboral para los trabajadores al servicio del Estado pudo advertir que no cuenta con dispositivos legales mediante los cuales se otorgue el derecho de permanencia laboral a las mujeres embarazadas o en lactancia, mucho menos a los hombres que tengan parejas embarazadas y que dependen de ellos al 100%, situación que evidentemente atenta en contra de los derechos humanos de no discriminación y protección a la salud, dijo.

La terminación laboral de una mujer por su estado de embarazo constituye una flagrante violación a sus derechos humanos, afirmó, de ahí la importancia de que en la Ley del Servicio Civil se garantice la permanencia laboral de las mujeres embarazadas o en estado de lactancia, tanto para las trabajadoras de confianza como las de base.

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