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El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado rechazó en el debate parlamentario del paquete fiscal 2018 las nuevas medidas presupuestales con las que el Gobierno del Estado contratará nueva deuda y diferirá el pago a proveedores por 5 mil 500 millones de pesos, mientras que pretenden aumentar los sueldos de funcionarios de primer nivel, reducen la obra pública en los municipios y cargan a la economía familiar un peso adicional al subir la tarifa del agua en Hermosillo y Cajeme.

En el debate de la reestructuración de la deuda estatal, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 y los presupuestos municipales para los 72 Ayuntamientos, el coordinador Luis Serrato Castell señaló que los diputados del PAN están del lado de los ciudadanos por ello se votó en contra de las medidas que afectan la economía familiar y el fomento al empleo

“Hay temas en los que no estamos de acuerdo porque afecta a sectores productivos de nuestro estado, agricultores, ganaderos, sector primario. Nuevamente se quiere endeudar más al Estado de Sonora, hay aumento de sueldo de funcionarios, aumento de nómina y disminución en obra pública. En el caso de Hermosillo casi 70% de incremento en el agua, es un golpe tremendo a las familias hermosillenses y no vamos a estar a favor”, agregó el legislador.

En el tema de la reestructura de la deuda, el legislador Moisés Gómez Reyna señaló que de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda directa del Estado y de los organismos paraestatales ha ascendido a 30% a partir del 2015 y que con la contratación de 3 mil 400 millones de pesos de crédito, 2 mil 100 millones pertenecen al diferimiento de pagos a proveedores y contratistas y reducción en obra pública, para el 2018 los sonorenses pagarán 36% en el pago de deudas, por ello calificadoras financieras como Fitch Ratings y Moody’s bajó la calificación crediticia y la ubicaron en perspectiva negativa.

En la discusión de los dictámenes que presentaron las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda en materia de Ley de Ingresos, el legislador Carlos Fú Salcido señaló que la mala situación financiera que sufre Sonora es resultado del obsoleto sistema financiero del PRI-Gobierno: Deuda, devaluación, inflación y crisis.

En defensa de los ciudadanos, la legisladora Lisette López pidió a los diputados que no se aceptara la propuesta del estado para eliminar el seguro de responsabilidad civil en el caso de un siniestro automovilístico, un programa de Gobierno que le ha dado tranquilidad de las familias Sonorenses, sobre todo aquellas con menos recursos, en tanto Ramón Díaz Nieblas fue enfático al rechazar las nuevas medidas del Gobierno estatal de eliminar estímulos y beneficios en el pago del Impuesto sobre el Producto del Trabajo, para continuar fomentando el empleo y mejoras en la infraestructura de los municipios.

Como preocupante, calificó Armando Gutiérrez Jiménez la reducción en inversión en obra pública que alcanzará los 2 mil 841 menos, respecto al 2017, ya que perjudicará tanto a familias sonorenses como al sector constructor, afectando el crecimiento de la economía estatal y la construcción de parques, calles y hospitales, por mencionar parte de las necesidades que enfrenta el Estado.

SE PRONUNCIAN EN CONTRA DE AUMENTOS A SERVICIOS DE CAJEME Y HERMOSILLO

En la discusión de las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos de los municipios de Cajeme y Hermosillo, las legisladoras Lina Acosta Cid y Angélica Payán García calificaron como insensibles los aumentos a los servicios que se prevén especialmente en el servicio de agua potable.

Acosta Cid, detalló que en el caso de Cajeme, a pesar del pésimo servicio de desabasto de agua potable en las colonias y las comunidades, se pretende aumentar en exceso en un 7.08% de lo recomendado para las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mientras que en el caso del Ayuntamiento de la capital sonorense, Payán García rechazó el aumento de 4.51% para la Comisaría de Miguel Alemán, Bahía de Kino y San Pedro que afecta al sector vulnerable.

El Grupo Parlamentario del PAN calificó estas medidas como recaudatorias que no abonan a la situación económica que los habitantes atraviesan derivado de la inflación a causa del alza de combustibles.

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