La Fiscalía General de la República reactivó las investigaciones en el caso de la Guardería ABC, incluyendo al ex mandatario priísta Eduardo Bours Castelo, confirmó Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien hará una ratificación y ampliación de la denuncia fortaleciendo el expediente judicial con nuevos y mayores elementos de prueba.

El titular del IMSS advirtió que si el Ministerio Público Federal lo considera necesario, incluso se podría enjuiciar o ser llamados a declarar los familiares políticos de los socios de la subrogación de la estancia infantil siniestrada, como la ex primera dama Margarita Zavala de Calderón, esposa del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa.

Cuando se le preguntó si la FGR ya había reactivado las investigaciones y el IMSS ampliado la investigación, Zoé Robledo respondió.

“Es correcto, si así lo decide la Fiscalía por su puesto que sí (se podría citar a declarar a los políticos emparentados con los socios de la Guardería ABC), claro, porque lo positivo es que la FGR fue quien solicitó al IMSS la ratificación, esto significa que el Ministerio Público está centrado en la denuncia, a la hora de ratificarla será un proceso que llevará su tiempo, pero ya fue ratificada la denuncia, ahora ¿qué es lo que nos corresponde?, es ampliarla, ¿cómo? A partir de la investigación que llevó a cabo la SCJN y que derivó en el proyecto del ministro Arturo Saldivar”, confirmó el Director del IMSS.

En su tradicional conferencia de prensa mañanera, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recordó que entre los compromisos con los padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC de Sonora, considerado como la mayor tragedia infantil en la historia México, está pendiente que cuando la FGR consigne el caso ante el Juez se reabra el expediente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Está pendiente el proceso judicial, el reabrir el caso para castigar a los responsables, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Nación (Arturo Zaldívar Lelo de Larrea) en su momento hizo una recomendación sobre este tema y se le está pidiendo que participen para que se lleve a cabo una investigación sin obstáculos, que no haya influyentismo de por medio, que se actúe con apego a la Ley y que haya justicia”, aseguró el Presidente de México.

Fue el 5 de junio del 2009, cuando el incendio que inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora propagó sus llamas hasta la Guardería ABC de Hermosillo, estancia infantil subrogada por el IMSS a un grupo de socios entre quienes figura Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, quien fue la primera inculpada en ser exonerada por la justicia mexicana.

En la tragedia murieron 49 bebés, 25 niñas y 24 niños, resultando con heridas graves más de 70, como quemaduras, amputaciones, intoxicación, daño pulmonar, neuronal y psicológico.
El director del IMSS aseguró que como resultado de las reuniones entre el Presidente López Obrador, se acordó el garantizar la atención médica vitalicia para los sobrevivientes, quienes actualmente tienen entre 10 a 16 años de edad y están en plena etapa de su desarrollo físico por lo que requieren intervenciones quirúrgicas frecuentes para hacerles injertos de piel; además de prótesis para suplantar sus extremidades amputadas como dedos, brazos, manos o piernas.

El acuerdo entre el Gobierno de la República y los padres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC se resume en cinco puntos: la instalación de una comisión para revisar la implementación de la Ley 5 de Junio que pretende evitar más tragedias en guarderías; que la Federación reconsidere la suspensión del programa de estancias infantiles en la Secretaría del Bienestar; garantia de la reparación integral del daño a las familias o sobrevivientes; informar sobre el estatus de la investigación al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours; y como garantía de no repetición de la tragedia, que se siente un precedente jurídico al no otorgarle ningún tipo de beneficio como libertad condicional a los inculpados que sean sentenciados.

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