Una vez en el gobierno del estado se iniciarán una serie de auditorías en la entrega de nombramientos en notarías públicas; deuda pública; Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i); reasignación de recursos para atender el COVID-19; y venta de terrenos y bienes del Ejecutivo estatal, informó Alfonso Durazo.

El gobernador electo, acompañado de Omar del Valle Colosio, coordinador del proceso de entrega-recepción y de Rodolfo Castro Valdez, responsable de recibir la Oficina del Ejecutivo Estatal, aclaró que hasta el momento no hay ninguna irregularidad registrada, pero se tiene que dotar de total transparencia y que sean las auditorías las que determinen si hubo o no  irregularidades.

“En primer lugar, el área de notarías, todos los procesos de entrega de estos nombramientos de notarios que puedan revisarse” y agregó “una de las primeras iniciativas que presentaré en mi gobierno (al Poder Legislativo) es para cancelar la discrecionalidad con la que se otorgan notarías en el último año de gobierno de cualquier administración”, explicó.

Otras de las acciones, dijo, es auditar el proceso de la venta de terrenos y bienes en general del estado que se han puesto en subasta recientemente y del C5i, “que tiene en este momento una deuda muy importante que alcanza los 500 millones de pesos”. También comentó que habrá auditorías a la deuda estatal que alcanzará “pagos pendientes de proveedores” y los procesos de reasignación de recursos para la atención de las consecuencias e impactos del COVID-19.

Durazo Montaño aclaró que las auditorías son “parte de un proceso al que debemos acostumbrarnos todos los gobiernos y todos los funcionarios” y que hay disposición de los funcionarios estatales en avanzar en el proceso de entrega-recepción.

Finalmente el gobernador electo celebró el acuerdo al que llegó la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Movimiento por el Libre Tránsito para iniciar el proceso de liberación de seis casetas de cobro tomadas desde hace varios años en la entidad, al que calificó como un gesto político de “expresión de solidaridad con el próximo gobierno del estado Sonora”.

Expresó su reconocimiento a Servando Flores, delegado de la Segob en el estado; al subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía; y al entonces diputado federal Javier Lamarque.

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