A más de cuatro meses de permanecer en prisión preventiva, José Víctor Guerrero González, exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, aseguró que no existe el delito de peculado que le imputa la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), al sostener que los recursos involucrados no son públicos, sino privados, derivados de retenciones a la nómina de trabajadores afiliados a la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
A través de una carta pública, Guerrero González afirmó que es el único de los imputados y vinculados a proceso que se encuentra privado de su libertad por cumplir con una obligación contractual que el Gobierno de Sonora mantiene desde hace más de 40 años con docentes y empleados del sistema educativo estatal, relacionada con un servicio de previsión social. Detalló que los recursos observados corresponden a retenciones de ISR, conforme al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que no pueden considerarse recursos públicos.
El exfuncionario explicó que dichos fondos se originan en acuerdos laborales vigentes desde 1986 entre el sindicato y el Gobierno del Estado, y que su administración y destino están orientados exclusivamente al beneficio de los propios trabajadores. Bajo ese argumento, reiteró que no se configura el delito que le atribuye la autoridad investigadora.
No obstante, Guerrero advirtió que, en el hipotético caso de que la Fiscalía lograra acreditar que los recursos son públicos y que existe un delito, entonces deberían abrirse procesos penales y girarse órdenes de aprehensión contra funcionarios actuales y anteriores de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación y Cultura, ya que el esquema financiero y el programa de beneficios para los integrantes de la Sección 54 del SNTE continúan vigentes bajo la misma lógica en la administración estatal actual.
Recordó que lo que anteriormente se conocía como Plan de Beneficios Múltiples ahora opera bajo el nombre de Plan de Beneficios Laborales, con la diferencia de que los recursos retenidos se depositan en una cuenta de recursos públicos denominada “Pavimentación e Infraestructura Urbana para los Municipios”, desde donde posteriormente se realizan transferencias directas a cuentas de la Sección 54 del SNTE.
Finalmente, Víctor Guerrero González exigió transparencia y que el sistema judicial resuelva el caso sin injerencias externas, además de solicitar que continúe el proceso civil contra la empresa administradora de los fondos, Consulta Actuarios, SC. Señaló que la evidencia presentada por su defensa no ha sido revisada por los juzgadores, lo que, dijo, vulnera su derecho a una defensa adecuada.
