Hay registros de estancias infantiles que, al acudir a la dirección, resultan ser domicilios particulares o espacios en renta, sin evidencia de la operación que deberían tener. Esta falta de transparencia genera dudas sobre cómo funcionan algunas de estas estancias y, sobre todo, sobre las condiciones en las que podrían estar atendiendo a niñas y niños.
Cuando se trata de la seguridad de la infancia, no puede haber simulación ni opacidad. Lucrar con la seguridad de las niñas y los niños no se vale.
