Para poner a la vanguardia a Sonora en el respeto a los derechos humanos, se aprobó en el Congreso del Estado la ley que Regula el Uso de la Fuerza de las Instituciones Policiales de Sonora que fue iniciativa del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Luis Serrato Castell.

Por unanimidad se dio la aprobación de esta nueva norma, que convierte a Sonora en el quinto estado en regular el uso de la fuerza pública con enfoque en la protección de los ciudadanos en las acciones de las corporaciones policiacas.

“Es un paso muy importante para la protección de los derechos humanos de las personas, de los niños para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que recientemente han ocurrido en nuestro estado y creemos que cuando se establecen con claridad los protocolos de actuación, todos ellos cumpliendo los tres principios para el uso de la fuerza: Oportunidad, proporcionalidad y responsabilidad, esto va a ser por el bien de la ciudadanos; el uso de la fuerza no va poder violentar los derechos humanos de las personas”, destacó.

Los tres principios buscan que la fuerza pública se aplique con oportunidad en momentos precisos para evitar abusos; con responsabilidad incluyéndose la contratación de un seguro para la indemnización ante probables casos de excesos; y la proporcionalidad que propicia la creación de Consejo Ciudadano ante el cual los responsables de los operativos policiales rindan por escrito cuentas de los resultados de los mismos y por medio de la Ley de Transparencia estas actas puedan ser de conocimiento público.

“La fuerza pública siempre debe aplicarse en beneficio de los ciudadanos, y cuando se aplique debe ser en el tipo y medida estrictamente necesaria, no podemos responder, como se ha respondido, con balas de gomas ante terrones y ante gritos, no es proporcional hacerlo de esa forma”, puntualizó.

El legislador hizo votos por que la autoridad se aboque a la capacitación de las fuerzas policiales de nuestro estado, ya que deben tener claridad de toda su actuación y deben asimilar que ley sostiene en especial que niños y adolescentes no pueden ser afectados bajo ninguna circunstancia con el uso de armas incluso las del tipo no letal.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos Célida López Cárdenas inició la lectura del dictamen para posteriormente cederla a la secretaria Lina Acosta Cid y a otros integrantes de la Comisión.

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