La Procuraduría General de la República (PGR) informó que desconoce el número de averiguaciones previas por tortura hay en lo que va del sexenio, esto porque las bases de datos de la institución se encuentran en depuración.
“Respecto de su petición, es menester precisar que actualmente no se cuenta con información actualizada en las bases de datos de esta Institución, siendo que las mismas se encuentran en proceso de depuración y debida integración”, dice la PGR en respuesta a la solicitud de información 0001700288815, sobre el número de averiguaciones previas por casos de tortura en este sexenio.
La PGR indicó que al no disponer de estos datos, y usando el criterio 09/10 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (el cual establece que las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información), no podía dar la respuesta requerida.
Aunque no tiene actualizada la cifra de averiguaciones previas, la PGR aseguró que el tema de tortura es una prioridad, y puso como ejemplo los foros de consulta pública sobre el Proyecto de Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se llevaron a cabo a principios de octubre.
Sobre esos foros, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, comentó que era la oportunidad de México para renovar su marco normativo sobre la tortura, una práctica aberrante e injustificable.
Con esta nueva Ley, el Estado mexicano piensa enfrentar este problema que, según instancias internacionales, muchas veces es efectuada por agentes de seguridad y personal que imparte justicia en el país.
Una de esas voces críticas es la del relator de Naciones Unidas para la tortura, Juan Méndez quien, en el informe que presentó en marzo de este año, aseguró que la tortura es una práctica generalizada con el objetivo de obtener confesiones de los acusados de algún delito.
Este informe se realizó en una visita que realizó el relator en 2014, donde entrevistó a víctimas y autoridades. En sus conclusiones detalla que pese a que hay señalamientos de la sociedad civil, sólo hay 14 casos donde se castigó a los responsables, lo cual demostraba otro problema: la impunidad.
