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Peyote podría seguir la misma vía legal de la mariguana

El grupo que promueve su "legalización" no aspira a que la SCJN avale su uso recreativo como ha hecho con la mariguana

Planta ritual y milenaria de los indígenas huicholes, convertida en atracción para algunos turistas que llegan a México, el peyote va tras la senda legal abierta por la mariguana a partir de un recurso presentado por un colectivo que lo maneja en sus prácticas espirituales pero rechaza su uso recreativo.

«Somos un grupo de personas que queremos que se nos reconozcan ciertos derechos englobados dentro de la libertad de culto y de conciencia», afirmó en una entrevista la representante jurídica de la Iglesia Nativa Americana de México, Cynthia Espínola.

Esta asociación religiosa, a la que la Secretaría de Gobernación (Segob, Ministerio del Interior) le ha negado el registro como tal, es precisamente noticia por la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de analizar el amparo que presentó contra esa decisión.

Justo el día en que el tribunal fallaba a favor del uso de la marihuana para fines recreativos en beneficio de cuatro ciudadanos, el 4 de noviembre, también anunciaba que asumía competencias sobre el recurso presentado por la INAM, aunque es probable que no analice el tema hasta 2016, admite Espínola.

Un grupo de personas participa dentro de una tienda tradicional en un ritual espiritual del Peyote en un paraje natural de La Huasteca, norte ( México). Foto: EFE

Cuestiona concretamente la constitucionalidad de un artículo de esa ley que clasifica al psicotrópico mescalina, el principal alcaloide del peyote, como sustancia sin valor terapéutico, susceptible de abuso y grave problema para la salud pública.

La lucha de este colectivo comenzó en realidad en 1994 con una primera solicitud fallida ante la Segob para obtener su registro y poder hacer un uso ritual de la planta. La dependencia, que tiene registradas 8.311 asociaciones religiosas en el país, rechazó una segunda solicitud de la agrupación en 2010. Tras agotarse todas las instancias judiciales, en 2014 el reclamo llegó a la SCJN.

Según Espínola, de 41 años y abogada de profesión, en el país «hay más de 5.000 personas que profesan este rito», incluidos individuos «de todos los estratos sociales», aunque «mucha gente no lo quiere hacer público».

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