• Presenta Diputada Angélica Payán iniciativa de reformas
• Cárcel hasta por 12 años a quien agreda a cónyuges o hijos
La diputada Angélica Payán García presentó al Pleno del Congreso del Estado, un proyecto de reformas a diversas leyes estatales en materia de violencia intrafamiliar para aumentar penalidades a quien ejerza violencia contra cónyuges o hijos, crear el concepto de daño económico y asegurar que el delito se persiga de oficio, esto en beneficio de las mujeres y sus hijos.
“En el marco del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y las Niñas y el derecho a vivir una vida libre de violencia es que sometimos una iniciativa de ley que viene a darnos una mayor seguridad de que las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia serán atendidas y los procedimientos penales se cambiarían para que cualquier persona que somete violencia intrafamiliar será castigado”, expuso la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.
En el proyecto se proponen adecuaciones al Código Penal del Estado, la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora y al Código de Familia, buscando inhibir la comisión de este delito.
La iniciativa propone incluir el concepto de daño económico, entendido como el acto de control de los ingresos así como en incumplimiento de las obligaciones familiares de asegurar la alimentación de la familia, explicó la diputada, algo que actualmente no existe y desprotege totalmente a la mujer y a la familia.
Payán García explicó que se busca aumentar la pena de 6 meses a 6 años, a 8 a 12 años para quienes ejerzan cualquier tipo de violencia con el fin de asegurar que el infractor no tenga derecho a salir libre bajo fianza, también asegurar que el delito se persiga de oficio y no a petición de la parte ofendida, así como sancionar al progenitor que ejerza conductas de manipulación sobre los hijos.
La iniciativa que fue turnada para análisis de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y Para la Igualdad de Género, incluye reformas para que en el aspecto de procuración de justicia, los ministerios públicos implementen medidas de protección de seguridad y preventivas hacia las víctimas del delito, como es asegurar que la víctima permanezca en el domicilio y se obligue al agresor a cambiar su residencia, entre otras medidas cautelares.
