A pesar del diálogo directo que sostuvieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos con el presidente Enrique Peña Nieto el pasado jueves, ayer refrendaron no tener confianza en el gobierno de la República y aseveraron que no dejarán a las instituciones “imponer su verdad histórica”.
En una jornada de marcha y discursos que duró seis horas desde su arranque en el Auditorio Nacional, a la que denominaron “El Día de la Indignación”, los familiares de los ausentes aseveraron que ni con el tiempo permitirán que el caso cierre hasta no encontrar a sus hijos con vida y la justicia correspondiente sea aplicada.
Junto a miles de personas de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, universitarios de instituciones públicas y privadas, además de simpatizantes de varias partes del país que los acompañaron, en medio de un clima lluvioso, la marcha se llevó de manera pacífica; sin embargo, en este tono enviaron también un mensaje al gobierno de México.
No somos pacifistas, queremos decirlo, porque muy mal nos ha tratado este gobierno con la punta del pie y nos ha reprimido, le decimos, cuando sea necesario le vamos a responder; pero por ahora, compañeros, vamos a dar la muestra de contundencia de esta manifestación, vamos a dar la muestra de la indignación que se refleja en un mal gobierno”, aseveró Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los familiares, de la organización Tlachinollan.
Mario César González, quien busca desde hace un año a su hijo César Manuel, manifestó en su discurso: “si él (Peña Nieto) apostó al cansancio del movimiento, está perdiendo; si él apostó al olvido, ya se jodió. Nuestros 43 no están solos, 43 padres de familia vamos a seguir luchando”.
El discurso de Melitón Ortega frente al Monumento a los 43, instalado en Reforma a la altura de Bucareli, citó la reciente reunión con el jefe del Ejecutivo. Expuso que su movimiento “entra hoy en una nueva etapa de búsqueda, y no dejaremos que esto pase sin que se cumpla todo lo que hemos planteado ante la mesa”.
Vamos a seguir exigiendo a Peña Nieto que responda, que tiene que implementar todas las líneas de investigación que se están planteando, es su responsabilidad y obligación de hacer cumplir esas recomendaciones (de los expertos de la CIDH).
