Ante el problema de inseguridad que se vive en las comunidades sonorenses, el diputado Luis Serrato Castell presentó una iniciativa para crear la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado, en armonización con el Nuevo Sistema de Justicia Penal para darle certidumbre a los ciudadanos y a los propios agentes sobre la actuación policial.
En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el legislador destacó que esta ley se constituye en una herramienta necesaria para darle certeza a los agentes sobre lo que deben y no deben hacer durante su operación, pero sobre todo, le dará certeza a los ciudadanos de que los policías actuarán bajo reglas claras, que le facilitarán su labor que es detener a los presuntos infractores que cometan delitos en contra de la sociedad.
“Hemos escuchado por ahí que hay quien ha dicho que la policía no quiere actuar ante las denuncias y no quiere actuar por falta de capacitación o por falta de conocimiento, sobre todo con el Nuevo sistema de Justicia; pero no existe un protocolo establecido, no existe una ley que le de la seguridad a los ciudadanos de cómo va a actuar la policía ante una denuncia, de cómo va a responder la policía ante una infracción, y lo que pretende esta iniciativa que hoy presentamos al pleno es crear una Ley que Regule el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales”, explicó.
Serrato Castell expuso que la inseguridad es un problema multifactorial y que es esencial mejorar los protocolos de actuación, la capacitación en beneficio de los mismos elementos en técnicas de solución de conflictos como la mediación, la negociación, entre otros aspectos de su operatividad diaria.
La ley, que fue turnada para su análisis a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se integra con 66 artículos, distribuidos en 8 títulos y 5 transitorios, y prevé un procedimiento para el escalamiento del uso de la fuerza pública que contiene los distintos niveles en el uso legítimo de la misma, se reitera la prohibición a la tortura y violación de sus derechos humanos, y se prevén sanciones administrativas cuando un ciudadano haga un llamado al 911 y no se tenga respuesta de parte de la corporación policial sin una justificación válida, entre otros novedosos aspectos.
La ley surgió del interés de un grupo de ciudadanos expertos y se llevaron a cabo reuniones con elementos de cuerpos policiales, con grupos ciudadanos de derechos humanos y se realizó un comparativo con leyes similares que la operan en Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal en el mismo sentido para crear una nueva norma que apoye a las corporaciones en los aspectos operativos relacionados al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
