Hace más de tres meses que las y los Diputados debieron conocer la evaluación del trabajo que realizan. Recordemos que para eso ellos mismos nombraron a los integrantes del Comité de Evaluación Legislativa.

El asunto no tan extraño pero si real es que hasta el momento no conocemos que han realizado, cuales indicadores de evolución tendrá la evaluación, qué alcances se esperan tener, no se nos ha dicho qué tipo de metodología se aplicará, etc. De hecho incluso desconocemos con que motivo se han reunido y en pocas palabras desconocemos en qué se está trabajando exactamente.

La desconfianza generalizada en este tipo de Comités y la constante desvergüenza del Poder Legislativo, nos lleva a sospechar o a poner en tela de juicio el trabajo que se supone se está llevando a cabo.

La cosa grave es que ya estamos pasando el segundo semestre del año, esto implica que llevamos un periodo ordinario concluido y prácticamente la evaluación legislativa no se avisora.

Si bien la responsabilidad de presentar dicha evaluación y de irnos informando acerca de su construcción le corresponde a dicho Comité, es importante tener presente que en años anteriores las evaluaciones de este tipo fueron detenidas y hasta interceptadas por las y los Diputados inconformes con las calificaciones que obtuvieron. De hecho para ser precisos la última evaluación de este tipo ni siquiera se publicó para hacerse del conocimiento de todas y todos los ciudadanos que latimos con estos temas y por su puesto para el público en general.

Razón por la cual decido adjudicarle la responsabilidad al propio Congreso tal como se puede apreciar en el título de esta columna. Dado el comportamiento de las y los representantes populares en pasadas Legislaturas, creo firmemente que es lo más sano y sobre todo justo.

Por su parte, la participación y el compromiso de las y los evaluadores será material de discusión una ves presentada la información.

Yo no se ustedes pero yo no concibo una evaluación infiel a la cooperación, creo que de plano no tiene caso una evaluación si es que ésta no integra, no suma adeptos, no nos brinda mayores elementos para exigirle a las y los Diputados, etc.

El anclaje del Comité con el legislativo tendrá que ser una de las principales banderas y promesas, sino me atrevo a decir que su sobrevivencia será corta.

La importancia que poseen los procesos de evaluación y de rendición de cuentas son por demás significativos, no sólo porque contribuyen a la construcción de una cultura de la evaluación como acciones sanas para las instituciones que se dicen democráticas, sino que obligan a las mismas instituciones a dar resultados eficientes.

En el fondo lo que nos interesa es qué se detecten las áreas problemáticas, que el Comité diga cuáles procesos se deben de modificar, etc. En términos generales la evaluación debe trastocar para bien o para mal la expectativa que tenemos del trabajo de nuestros representantes populares.

Por lo pronto estemos pendientes y en espera de dicho trabajo.

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