El discurso de las autoridades federales durante los 5 años desde el derrame de Grupo México en Sonora no fue ni ha sido congruente con las acciones tomadas. El Gobierno de Enrique Peña Nieto poco o nada obligó a la empresa responsable a una reparación real del daño.
Actualmente, el nuevo gobierno federal mantiene una cierta esperanza en que las cosas serán distintas pero han pasado 9 meses y todavía no hay claridad en el actuar para poner un freno a Grupo México a pesar de la reincidencia en la afectación ambiental. La Bahía de Guaymas donde fueron derramados 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés a principios de julio de 2019.
Irregularidades en procesos se siguen presentando en torno a la operación de Grupo México, la nueva presa de jales que se construyó en Cananea se hizo sin consultar a los habitantes cercanos, sin hacer un estudio de impacto ambiental correcto, operando sin los permisos correspondientes apegados a las normas pero todo con el amparo de la SEMARNAT que ve solo como Grupo México continua su expansión como si nada hubiera pasado en 2014.
La sozobra e incertidumbre es palpable en los habitantes de pueblos a lo largo del Río, como lo expresa María del Socorro Domínguez Valenzuela, habitante del Saúz de Ures.
“Nos surgen muchas dudas, cuando van a para todo esto, estoy enterada que esta presa es muchísimo más grande, que cabe varias veces el pueblo de Bacanuchi y si Bacanuchi cabe más de 100 veces, el pueblo donde yo vivo, el Sauz de Ures va caber 200 veces, si esta presa se llega a derramar, ¿cuándo? No ahorita no porque nos están diciendo que es un proyecto a 48 años de vida, cómo sabemos que va suceder en ese tiempo”.
La nueva presa de jales tiene una extensión de 3 mil 326 hectáreas, en términos comunes, más de 4 mil campos de beisbol caben en ella. Tiene capacidad para almacenar mil 700 millones de metros cúbicos de agua y se ubica a menos de 30 kilómetros de Bacanuchi, de ahí la preocupación de sus habitantes de sufrir un nuevo derrame. De hecho, este pueblo cabe más de 138 veces dentro de esta presa.
La simulación sigue siendo parte del esquema con el que se busca tranquilizar a una sociedad cada vez más enterada y activa. En Bacanuchi tuvieron que construir su propia planta purificadora de agua para abastecer a la gente en su consumo, actividades, donaciones y trabajo en unión fue lo que hizo realidad su planta con capacidad para 100 garrafrones al día. Rosa María Vazquez habitante de esta comunidad perteneciente a Arizpe explica que trabajaron duro para poder tener agua purificada.
“No quisimos pedir ayuda ni de la empresa, ni al gobierno, aquí solo hay lo que la gente trabajó, como comunidad lo que trabajamos es lo que tenemos aquí, tratábamos de unir por eso no le pedimos ni a la empresa ni al gobierno que nos ayudara”
La inquietud de los pobladores a lo largo del Río Sonora aflora en todo momento, preocupados por su futuro y sobre todo por las generaciones venideras es que han comenzado a actuar alzando la voz y tratando de orillar a las autoridades a respetar la opinión de la gente y haciendo que se respeten sus derechos. Un gran paso fue el amparo que ganaron los habitantes de Bacanuchi para expresar su miedo a la nueva presa que de sufrir un nuevo accidente sería fatal.
Aunque el amparo dictaba que serían los demandantes los que serían escuchados por la autoridad, se invitó a otros ciudadanos de pueblos afectados, observadores de la ONU y periodistas para de manera pública hacer eco en la preocupación de la gente respecto a esta nueva presa que es más grande que muchos de los municipios afectados.
Por eso aunque la empresa diga que hay especial cuidado en la construcción de esta obra y que es prácticamente imposible que ocurra un accidente de nueva cuenta, la confianza es nula pues desde la construcción del proyecto se han detectado irregularidades en los permisos, afirman que en el proceso de construcción, pero nadie les da un norte preciso. Autoridades y por supuesto la empresa dicen lo que les conviene.
La participación ciudadana a 5 años es mayor, la información llega a más personas y el apoyo de organizaciones como PODER han permitido que la fuerza de la gente comience a ser sentida por la empresa y las propias autoriades, un importante paso en el combate a la opacidad y corrupción que por muchos años ha permanecido y permanece en el actuar del sector público y privado. La causa ha permeado en agrupaciones como esta que ayudan a los habitantes a defenderse afirma Oscar Pineda, investigador y organizador de PODER.
“La afectación fue muy dura y real, todavía se vive, por más que digan que está limpio el rio lo que dejó, la estela de impactos en la economía local, el turismo, en la comercialización de los productos locales, en la relación que tiene la gente con su territorio y con el río fue devastadora, entonces creo que la afectación nos hermana”
Aunque la presa ya está constuída y operando, al menos la voz de las personas es escuchada como una advertencia, una voz de conciencia que alerta sobre como deben hacerse las cosas bien. Un saldo positivo dentro de la serie de afectaciones que hubo tras el derrame. Lo ganado comienza a ser un arma poderosa, la voz de la gente.