El incremento del presupuesto público en materia de salud no necesariamente se ha traducido en la prestación de un mejor servicio. Este entre otros detalles fueron los que orillaron a un grupo de organizaciones civiles a llevar a cabo el primer reporte ciudadano sobre calidad y acceso efectivo a la salud abanderado por la iniciativa denominada “Acción Ciudadana Frente a la Pobreza”.
El principal objetivo de dicha iniciativa es asegurar que las autoridades respondan al mandato que les obliga a ejercer sus funciones de forma efectiva y a contar con los mecanismos para garantizar a la población el acceso efectivo a servicios de salud de calidad en cumplimiento de las disposiciones normativas y utilizando de forma eficiente los recursos públicos con que cuentan.
El incremento de los recursos se ha duplicado en los últimos 12 años, pasaron de 108 mil 424 millones de pesos en 2004 a 236 mil millones de pesos en 2015.
La gran paradoja es que si bien todos los diagnósticos coinciden en que se requiere incrementar la inversión en el sector salud para enfrentar los grandes problemas existentes en dicha materia, también hay evidencia de que el incremento sustancial del presupuesto durante estos últimos 12 años no se ha traducido en una mejora equivalente en la calidad de los servicios de salud.
Podríamos entonces enfocar nuestra mirada y pensar en que hay problemas a la hora de manejar y destinar los recursos y que hay otros tantos que recaen en los responsables de la prestación de los servicios como tal.
Por lo pronto sabemos que en el presupuesto federal 2016 se asignaron 75 mil 437 millones de pesos al Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del ramo 33 que son los recursos que al final se canalizan a los gobiernos estatales.
Ciertamente, hasta el momento lo que muchos especialistas en la materia han señalado es que garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre dichos recursos hasta su destino final ha sido complicado, incluso es importante mencionar al respecto que la Auditoria Superior de la Federación ha señalado reiteradamente los problemas de desviación de recursos del Seguro Popular responsabilizando directamente a los gobierno estatales.
Por ello la importancia de exigir el derecho a la salud no como una dádiva o un favor, sino como algo que nos pertenece y se nos tiene que brindar con calidad, de manera transparente, etc.
Algunos de los resultados del ejercicio de observación llevado a cabo por esta iniciativa son:
-Una tercera parte de las unidades de salud, algo así como el 32% no reportan información sobre la calidad de los servicios de que se prestan.
-El 60% de las unidades de urgencia incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.
-El 42% de las personas que se sometieron a una intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.
-Las entidades federativas con peor desempeño en la entrega de medicamentos son: Baja California Sur, Querétaro, Sonora y Coahuila.
-En particular el 92% de los establecimientos de salud de Sonora tiene un surtimiento de medicamentos deficiente en el área urbana, así mismo el 93% de los establecimientos del área rural.
En fin el número de quejas, el entredicho de la gratuidad de los servicios para la gente que vive en pobreza, el gasto de bolsillo, la barreras en la operación del servicio, la responsabilidad de los estados, el manejo opaco de los recursos y muchas otras cosas más, hacen que el derecho a la salud continúe siendo un tema importante en la búsqueda de soluciones para nuestras principales problemáticas detectadas como comunidad.
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