Han pasado 5 años de aquel 6 de agosto cuando la empresa minera Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México ocasionó lo que se considera el peor derrame tóxico provocado por el hombre en la historia de nuestro país.

40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fluyeron por las aguas del río que baña a la región serrana del estado de Sonora. Los resultados son ya conocidos por todos, ruina, enfermedades, corrupción, miedo.

A 60 meses del derrame, y a pesar de las campañas que el propio Grupo México pagó para hacer pensar a la gente que el daño se había reparado, no hay ni de cerca un sentimiento de tranquilidad entre los 22 mil habitantes en los 7 municipios afectados.

De la remediación del daño pocas cosas fuera de lo mediático se hicieron como fueron planteadas. El fideicomiso de 2 mil millones de pesos no se completó y la opacidad fue la característica predominante en su aplicación.

Lo que al principio pareció un genuino interés por resolver la situación de los habitantes afectados, con el tiempo se fue diluyendo el apoyo, no así el miedo de la gente.

Los apoyos a los campesinos fueron mínimos comparados con  el daño, incluso hay registro de grandes cantidades recibidas por productores que no vivían en la zona en el tiempo del derrame. A los que realmente vivían de la tierra contaminada fueron pagos irrisorios.

Grupo México también prometió construir 36 plantas potabilizadoras cosa que no cumplió y solo operan actualmente 8 y de manera irregular.

Tampoco se terminó la Unidad Médica para tratar a los ciudadanos con afectaciones a la salud, hoy es un edificio en obra negra, abandonado donde los recursos para su construcción fueron prácticamente un gasto tirado a la basura. La salud es uno de las preocupaciones principales para la gente en el Río Sonora.

De hecho, las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora o llamadas UVEAS cada vez cierran la atención a los afectados que pudieron entrar en los selectivos criterios para brindar atención y conforme pasa el tiempo es menos el compromiso con la gente.

En materia de salud, se destinaron de esos 2 mil millones para la remediación, poco más de 21 millones de pesos,  sin embargo en campañas de comunicación se gastaron más de 24 millones.

Al igual que la estrategia de repartir tinacos a todos los habitantes donde los precios por unidad fueron triplicados al registrar un costo de 18 mil pesos por tinaco, gastando 185 millones de pesos para comprar 10 mil 188 tinacos que no ayudaron en gran medida a resolver la situación pues más de la mitad jamás se utilizaron.

Una vez más los beneficiarios fueron empresarios, colegios de profesionales, periodistas pero la gente realmente afectada no recibió el apoyo prometido.

A 5 años, no hay ni de cerca una remediación,  la actividad comercial no se recuperó por completo y la marca del Río Sonora sigue llevando el estigma de la contaminación, la salud de muchos habitantes continúa sufriendo lo que pudieran ser efectos del contacto con  metales pesados en el agua.

La intranqulidad y el miedo no es solamente a los efectos que no se atendieron, a la calidad del agua que no da confianza entre la gente, a la falta de atención de las autoridades, a la corrupción que desde el primer día marcó la tragedia.

Hoy la población no está en paz ante el riesgo que conlleva una nueva presa de jales de 3 mil 326 hectáreas construída por Grupo México y que de presentar un nuevo derrame las consecuencias serías catastróficas e irreversibles para pueblos como Bacanuchi que desaparecerían pues están ubicados a escasos 27 kilómetros de la nueva presa y el agua que correría esta vez sería 51 mil veces más que en 2014 lo que sería desastroso.

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