El fuero no es equivalente a impunidad, eso es muy mexicano, en otros países funciona, lo que se debe hacer es aplicar la ley, aseguró el Dr. en Derecho Miguel Carbonell en el marco de la sesión de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado donde impartió la conferencia ‘El fuero constitucional: argumentos para su reforma.
El académico advirtió a los legisladores de Sonora que no deben caer en la tentación de una medida populista como es eliminar el fuero para todos, pues se corre el riesgo de que la medicina que están buscando para erradicar la corrupción no haga efecto y las consecuencias podrían ser mayores.
“Mi conclusión es que todos estamos contra la impunidad y la corrupción; hay un clamor ciudadano, nomás advierto una cosa: no vaya a ser que la receta sea peor que la medicina y entonces la consecuencia sea: quitemos el fuero totalmente, porque si hacemos eso ya les dije las consecuencias, que van a ser, desde mi punto de vista, muy negativas”, insistió el catedrático.
El especialista en temas de transparencia aclaró que se debe tener mucho cuidado con la propuesta de eliminar el fuero, pues se está generando en el colectivo ciudadano que al eliminar esta figura jurídica se acabará con la corrupción, lo cual no es cierto.
“Sí alguien piensa que al quitar el fuero se va a eliminar la corrupción, eso no va a ocurrir, y hay que estar conscientes de eso para evitar una frustración más adelante, cuando se vea que no fue la medicina adecuada”, sostuvo.
En el desarrollo de su conferencia argumentó sus razones para que el fuero no se eliminé y lo expuso ante diputados de la Comisión Anticorrupción, coordinadores parlamentarios del PRI y PAN, sociedad civil organizada y ciudadanos, en una practica de parlamento abierto, que impulsó el presidente de la Comisión David Palafox.
“Para poder saber qué hacer con el fuero creo que hay que contestar tres preguntas: ¿qué es lo que no sirve del fuero?, ¿por qué alguien dice que hay que desaparecerlo? Y ¿qué es lo que nos incomoda del fuero?”, expresó Carbonell.
Propuso un principio de igualdad en el acceso a la jurisdicción, lo que significa que se imputa la comisión de un presunto delito a tal funcionario que tiene fuero, entonces se podría seguir adelante con el proceso, pero sin prisión preventiva, porque de esa forma se salva la esencia y la historia del fuero, lo que calificó como “generar un equilibrio y un escenario de ganar-ganar”.
Una tercera sugerencia, expuso Carbonell, es mantener el juicio político como está, ya que en vez de quitarle algo debería hacerse más actuable, y la cuarta sugerencia es contar con un Poder Judicial independiente, ya que de no ser así no le sirve a nadie y se preguntó qué pasaría con las responsabilidades de los jueces y la protección que debe existir para los magistrados.
“Ahorita hay ex funcionarios de Sonora que están denunciados ante el fuero federal, pero ¿qué pasaría si estuvieran procesados en el fuero local?; ¿deberíamos de darles protección a esos magistrados o no?, yo digo que sí. Y si hacen mal su trabajo, en el caso de los jueces la responsabilidad debería recaer en el Consejo de la Judicatura, no en el Poder Legislativo porque la justicia y la política no se deben mezclar”, aseveró.
La quinta y última sugerencia que presentó fue con relación a los órganos constitucionalmente autónomos, como el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por mencionar algunos, que para el doctor en Derecho sus titulares sí deben contar con una protección y que la responsabilidad se la exija el Supremo Tribunal de Justicia, que decidiría si se puede proceder o no.
Sostuvo que valdría la pena que los legisladores tuvieran en cuenta que cuando se habla de fuero en general se trata de que primero existe una prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria que también está cubierta por el fuero y que consiste en que los diputados, cuando están en ejercicio de su función y señalan cualquier cosa, no pueden ser reconvenidos, ni demandados por aquello que hayan expresado; no ha lugar a demandas por daño moral o responsabilidad administrativa, o incluso penal.
