Ya está por terminar febrero, mes que la Secretaría de Educación y Cultura destina oficialmente a los procesos de inscripciones anticipadas 2018 – 2019, del sector primario, en los cuales algunas familias de niños con síndrome de Down, han sido objeto de alguna exclusión, evasión o discriminación.
Aunque de manera oficial no tengo cifras al respecto, puedo contarles las diversas experiencias suscitadas dentro de la Agrupación SD Hermosillo a las cual pertenezco, donde algunos padres de familia se encuentran todavía en la búsqueda de escuelas o centros de enseñanza, donde sus hijos puedan ser integrados o incluidos.
Las razones más comunes que los planteles educativos (públicos) usan de excusa, es que no cuentan con el personal capacitado para atender a un menor con Necesidades Educativas Especiales (NEE), como lo es USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) u otro de apoyo; así como de que el cupo ya ha sido rebasado por los estándares marcados por la Secretaría.
Lo anterior está ligado a la poca disposición que tienen las escuelas para atender a esta población con NEE, que si bien se encuentra establecido dentro del Decreto de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2011.
Que dentro de sus disposiciones y capítulos establece lo siguiente:
Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.
¿Entonces por qué hay tan poco entusiasmo y apertura a la integración de estos niños en una escuela regular? Acaso estas acciones de negligencia podría impedirles que desarrollen una socialización, participación, desarrollo de habilidades y aptitudes?
Es obvio que existe una omisión de esta Ley mencionada, así como de los derechos que tenemos como mexicanos a recibir una educación y también se encuentran establecidas en los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mientras tanto, estos niños siguen rechazados de esos planteles donde su personal ha “informado” que en la actualidad existen altos índices de bullying en el interior, por lo que les “sugieren” inscribirlos en “escuelas para ellos”, refiriéndose a escuelas de educación especial.
Que si bien representan otra opción educativa, algunos de nosotros coincidimos en seguir la integración escolar hasta donde les sea posible a nuestros hijos, hasta donde les sea posible con sus capacidades y que su aprendizaje sea efectivo; porque de nada servirá que estén en una institución educativa regular o especial y no estén reteniendo nada.
Entre las diversas conversaciones que he tenido con algunos padres de familia, he podido constatar la impotencia que sienten ante esta situación. Uno de ellos mencionó en alguna ocasión: “Tengo un hijo con síndrome de Down, no una bomba nuclear, para que me evadan, me nieguen el acceso o me digan que no hay cupo en la escuela”.
Estas acciones en conjunto, nos dan una idea de que no existe una apertura generalizada a la integración de personas con discapacidad, ni tampoco una capacitación que les permita comprender las necesidades e individualidades que cada niño presenta, independientemente de su condición o discapacidad.
Porque así como han surgido estas experiencias tan negativas, hemos tenido experiencias verdaderamente positivas, dónde los planteles promueven la concientización, la integración, los valores de igualdad; que arropan a las personas con discapacidad, bajo métodos y programas adecuados.
Así que las necesidades de concientización urgen no sólo para la población en general, si no hay que extenderlas también al sector educativo, para que los maestros, psicólogos, directores y demás personal pueden ponerse en nuestros zapatos y promover la integración de personas con discapacidad y hacer valer sus derechos.
