Para permitirle a las personas la realización de sus libertades, de sus facultades y en general del disfrute de una vida digna se requiere que las instituciones encargadas promuevan y defiendan los derechos humanos.
Para garantizar esta defensa las instituciones a su vez requieren muchas cosas: voluntad de quienes las presiden, profesionalización, alinear los intereses, profesionales comprometidos a cargo de las instituciones que sustentan dichas tareas y sobre todo se requiere que se asignen presupuestos públicos.
Como usted podrá juzgar seguramente las cosas antes enlistadas serán más importantes unas que otras, yo misma tengo mi propia consideración de importancia y las podría enunciar de manera jerárquica de ser el caso. No obstante, el punto es analizar en especial los problemas que se vienen cuando falta una de ellas, en este caso me refiero a la falta de recursos públicos.
Sin recursos públicos usted, ni yo, ni nadie podemos mandar a los hijos a la escuela o por lo menos nos costaría más trabajo su permanencia, no podríamos abastecer de alimentos a la familia, no podríamos hacer que el automóvil funcione, ni reparar la casa, la computadora, el celular, etc.
A pues imaginese que algo muy parecido sucede con las instituciones cuando se les asigna una cantidad insuficiente. Seguramente no podrán realizar a cabalidad con todas las tareas y por ende no estarán en condiciones de defender los derechos humanos que nos pertenecen a todas y todos. Si cuando se les asigna dinero las cosas no funcionan del todo, ahora menos cuando las dejan prácticamente hechas jiras o en banca rota por todo el año.
De cualquier manera lo que es importante mencionar es que al final de cuentas los derechos humanos no parecen ser una de las mayores preocupaciones del Gobierno en turno. Sería importante ver también si los derechos humanos no sólo son los más pobres del paquete fiscal sino ver si son el tema ausente en las políticas públicas. Por cierto para muchos especialistas tendría que ser este tema el eje transversal de cualquier política pública.
Por lo pronto, en la propuesta enviada por la Gobernadora el problema principal lo sufren dos instituciones específicamente: el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El ITIES solicitó un presupuesto aproximado de 48 millones de pesos que es lo que necesita para poder llevar a cabo sus tareas, no obstante, la propuesta de la Gobernadora le solicita al Congreso que apruebe solo un poco más de 19 millones de pesos, osea 29 millones menos… algo así como el 60% menos.
En el caso de la CEDH ellos requieren aproximadamente 40 millones de pesos y la propuesta considera sólo 10 millones, lo cual quiere decir que le reducen en un 75% el presupuesto.
Usted estará de acuerdo en que en un contexto tal de poco nos sirve el reconocimiento en tantos tratados internacionales, las menciones en los discursos políticos, las menciones en las promesas de campaña ni absolutamente nada que no sea acompañado de una estrategia coherente y real que lleven a los derechos humanos a un mejor puerto.
Este tema requiere mecanismos, instituciones de estado fuertes, organismos de la sociedad civil, planes de trabajo consistentes y sobre todo presupuestos para poder ejecutar las tareas de observación activa de las obligaciones de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.
En nuestra ciudad digamos que con las decisiones hasta el momento tomadas el derecho de acceso a la información y la defensa estatal de los derechos humanos está en juego, mientras las y los diputados no decidan cambiar el rumbo.
En fin, como dicen: ¡las prioridades de los gobiernos se esconden en la programación de sus presupuestos!
